Hasta tres veces, como San Pedro, ha negado la alcaldesa de la Puebla de Híjar, la socialista Juana Barreras, al Justicia de Aragón. Tres expedientes instruidos por el Justicia entre los años 2005 y 2008, en los que le reclama información y colaboración por diferentes quejas de vecinos de esta localidad, acaban resueltos con la fórmula del recordatorio de Deberes Legales al Ayuntamiento, relativo a su obligación de auxiliarle en sus investigaciones conforme a lo establecido en la Ley.
El último de ellos es el correspondiente a una queja vecinal por la rotura, el pasado año, de la chimenea de una fábrica de aceites en el barrio de la estación y las afecciones que generaba esa situación, sin que administración alguna tomase medidas al respecto. Durante este periodo de silencios tuvo lugar el pasado 1 de abril de 2009 una explosión con evidentes daños materiales en las instalaciones de la empresa motivo de la queja, acrecentándose el temor de los vecinos por su seguridad personal y la de sus bienes
El Justicia, a pesar de su insistencia, todavía espera sentado del ayuntamiento poblano la información relativa a si la actividad objeto de queja se encuentra en posesión de las preceptivas licencias que habiliten su correcto funcionamiento, remitiendo copia de la licencia y del acta de comprobación; si se ha comprobado la eficacia de las medidas correctoras previstas en el proyecto con arreglo al cual se concedió licencia; a las denuncias vecinales que se hayan recibido a causa de las molestias de esta instalación y actuaciones realizadas al respecto por el Ayuntamiento; a si se han realizado mediciones de los niveles de ruidos o de vibraciones o inspección de las instalaciones, mencionando los resultados obtenidos; y por último respecto a cuáles han sido las actuaciones municipales realizadas y previstas para dar respuesta a los problemas de humo, ruidos, riesgo de explosión, tráfico de vehículos con mercancías peligrosas y limpieza viaria planteados en la queja.
¿Por qué no contesta la alcaldesa de La Puebla de Híjar al Justicia de Aragón? ¿Habrá algo que esconder? ¿Habrá que esperar a que ocurra una nueva explosión con daños personales irreparables? ¿Por qué un representante político de la ciudadanía rehúye la colaboración con la institución que garantiza la defensa de sus derechos? ¿Qué intereses se están defendiendo o prevalecen para ella; los de la ciudadanía, los de la empresa, los de quién? ¿Será porque como asesora de la Consejera en materia de salud y consumo, tiene tanto trabajo que no sabe como compaginarlo con ser alcaldesa?
La negativa a contestar o a colaborar con el Justicia de Aragón provoca una situación de menoscabo al papel que el Estatuto de Autonomía de Aragón confiere a esta Institución.
Nuestra opinión coincide plenamente con la de aquellos que piensan que no hay justificación posible para este reiterado comportamiento, que dificulta y entorpece la labor de supervisión que corresponde al Justicia.
La ley reguladora del Justicia señala expresamente la obligación de toda autoridad pública de colaborar y facilitar la realización de la labor de supervisión que le corresponde. Debiera constituir una prioridad máxima de cualquier cargo público o representante político de una administración, garantizar que la toma de toda decisión pública se realice dentro del más estricto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este compromiso con el Estado de Derecho exige responder con la celeridad y detalle requeridos a las quejas tramitadas por la institución del Justicia.En fin, como no puede ser de otro modo, los silencios injustificados legitiman toda una seria de dudas, por lo que sería conveniente corregir esta situación y que la alcaldesa facilitase al Justicia de todos los aragoneses, la información requerida.
